Solicitada contra la mercantilización de la Educación sign now

¿Por qué la LES es incostitucional?
¿Por qué la facultad no dice nada al respecto?

Breve introducción a la LES


La LES se sancionó el 20 de julio de 1995, en el marco de la presidencia de Carlos Menem. La CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) es un órgano creado por la LES, y está conformado por 12 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los siguientes organismos: tres elegidos por la Cámara de Diputados, tres elegidos por la Cámara de Senadores, uno elegido por el Ministerio de Educación, uno por el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, tres miembros elegidos por las universidades públicas (Consejo Interuniversitario Nacional) y uno por la Academia Nacional de Educación (Art. 47 LES)
Las funciones de la CONEAU son la evaluación externa de las instituciones universitarias, la acreditación de carreras de postgrado y carreras de grado reguladas por el Estado y la emisión de recomendaciones sobre los proyectos institucionales de nuevas universidades estatales y de las solicitudes de autorización provisoria y definitiva de establecimientos universitarios privados.

Recurso de Amparo 19/02/1996. Juez Ernesto L. Marinelli.

La UBA solicitó la declaración de Inconstitucionalidad, en el año 1996 de varias normas contenidas en la LES por vulnerar los principios constitucionales de autonomía y autarquía de las universidades y porque afectan la gratuidad de la enseñanza pública. El juez Marinelli decidió otorgarle un Recurso de Amparo a la UBA que impide que el Ejecutivo le aplique la LES. Fueron declarados inconstitucionales los artíclos 29, 42, 43, 46 y 50, Los artículos 42, 43 y 46 son los fundamentales para la creación de la CONEAU.

Los argumentos principales del juez fueron:

i) La autonomía universitaria no se trata de un don gratuito con que las universidades cuentan en todo caso, sino un objeto a alcanzar, y que puede ser facilitado u obstruido (considerando 6)

ii) Los intereses y las políticas de los gobiernos no deben ser absolutamente confundidos con los intereses de la Nación, como tampoco los intereses y las políticas de circunstanciales autoridades universitarias deben ser supuestos con la universidad misma (considerando 15)

iii) No resulta excusa suficiente para admitir la competencia del Congreso en la materia, que se trate de profesiones cuyo ejercicio puede comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo al salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, pues tales circunstancias si bien autorizan, obviamente, el controlador por parte del Estado del concreto ejercicio que se realice de esas profesiones, no lo faculta para disponer un anudamiento entre los planes de estudio y los estándares fijados por un organismo extrauniversitario, habida cuenta de que los contenidos de aquellos remiten a una materia decididamente académica que, como tal, ingresa entonces en el ámbito de competencia propia y exclusiva de las universidades estatales; y ello, aun tratándose, en el otro caso, de carreras de postgrado (considerando 17)

iv) Importa puntualizar que en la norma impugnada de la ley (Art.59, inc c) se establece claramente la posibilidad de las universidades de arancelar las carreras de grado (considerando 30).

Entonces...

Dado que la UBA tiene el Recurso de Amparo y que el Poder Ejecutivo no la obliga a acreditar, ¿Qué beneficios tiene acreditar nuestras carreras?. ¿Son estos supuestos beneficios lo suficientemente grandes como para vulnerar la autonomía y dejar abierta la posibilidad del arancelamiento de la Universidad Pública?.

En el caso de que se acredite, ¿la universidad no estaría muy vulnerada antes los continuos cambios del Poder Ejecutivo dado que tiene la potencialidad de designar a los 12 miembros de la CONEAU (notar que si bien muchos organismos proponen el que los designa es el Poder Ejecutivo, pudiendo vetar todas las propuestas de los mismos).

Finalmente queremos insistir en la importancia del compromiso con la Universidad pública, la importancia de la movilización ante hechos que atenten contra ella y la importancia de involucrarse en sus problemáticas. Por eso llamamos a la participación de toda la comunidad, porque entendemos que la LES y la CONEAU claramente atentan contra la autonomía universitaria, abren las puertas al arancelamiento y mercantilizan la educación superior sometiéndola a los vaivenes de quien maneje el Poder Ejecutivo.

Fuentes

[1] http://www.coneau.edu.ar/archivos/447.pdf

[2] http://www.coneau.edu.ar/archivos/482.pdf

[3] Recurso de Amparo 19/02/1996. Juez Ernesto L. Marinelli. http://www.megaupload.com/?d=NYSXENV0

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