Rechazo a la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales sign now

Preocupante iniciativa de Felipe Calderón sobre nuevo Código Federal de Procedimientos Penales

Ante el rechazo generalizado por parte de la sociedad civil organizada a la Ley de Seguridad Nacional, el ejecutivo insiste en imponer su proyecto de dar sustento legal a la forma arbitraria de actuar de las fuerzas de seguridad en el marco de la guerra contra el narcotráfico. La iniciativa de Felipe Calderón de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales si bien sienta las bases para el Nuevo Sistema de Justicia Penal (sistema adversarial acusatorio), contiene disposiciones procedimentales que nos parecen alarmantes y absolutamente inaceptables, las cuales amplían las facultades de la policía ministerial y el ministerio público investigador. Parece, a final de cuentas, una estrategia de Calderón para debilitar al poder judicial frente al ejecutivo.

Entre otras cosas, resulta preocupante que dicha iniciativa:

- Autoriza al ministerio público y a la policía (ministerial) realizar revisiones y allanamientos sin orden de un juez

Es importante señalar que se les llamarevisiones en lugar de cateos, pues con esta simple modificación se puede revisar a una persona o su hogar sin buscar algo en particular (nada más para ver qué encuentran), lo que dará pie a todo tipo de abusos y a que siembren objetos incriminatorios.

- Autoriza detenciones sin orden de un juez, denominadas detenciones urgentes. Esas detenciones se podrán realizar ante más de 70 delitos que la iniciativa califica como graves (algunos no considerados graves por el código penal)

Los abusos a los que puede prestarse esta autorización son evidentes.

- Valida la aportación de comunicaciones privadas como prueba, con el simple requisito de que las aporte una de las partes involucradas en la comunicación.

En esta propuesta no importa que la obtención de la grabación respectiva se haya realizado de manera ilegal, con lo cual, cualquiera puede grabar nuestras conversaciones y entregarlas al ministerio público. No debemos olvidar que las comunicaciones privadas son inviolables.

- Autoriza una técnica de investigación denominada entrega vigilada (art. 311), de bienes ilícitos o prohibidos en o fuera del territorio nacional, lo que puede traer graves consecuencias.

Esta entrega vigilada que debe ser autorizada por el procurador general o el servidor en quien aquél haya delegado dicha facultad permite hacer operativos donde se simula, por ejemplo, una entrega de droga y/o armas, con la finalidad de dar con miembros de la delincuencia organizada. Lo anterior, dará lugar a que el tráfico sea más fácil y no sabe en manos de quién terminarán esas mercancías. De esta forma, la policía podrá, fácilmente, involucrarse en el negocio del tráfico de armas.

- Regula las operaciones donde se aparente la realización de actividades ilícitas o mediante la infiltración de agentes en el grupo delictivo

Esto tiene como finalidad conocer la organización, formas de operación y ámbitos de actuación e identidad de los miembros de los grupos delictivos. Ésta prueba también debe autorizarse por el procurador, pero no por un juez. Esta práctica ya sucede, pero no es legal.

Finalmente, podremos estar siendo investigados sin saberlo y de manera fast track cuando así lo determine el Ministerio Público, sin la necesidad de una orden de un juez.

Se contempla la detención en caso de flagrancia y urgencia añadiendo que la flagrancia ahora puede ser percibida con el auxilio de medios tecnológicos.

En suma, esta iniciativa forma parte del plan del gobierno de Felipe Calderón de ir filtrando poco a poco, la inaceptable Ley de Seguridad Nacional. Prueba de ello es la aprobación de la Ley Orgánica de la Armada de México, la cual autoriza operativos en tierra por parte de los militares, a pesar de que se ha señalado una y otra vez que los militares no deben realizar labores que corresponden a los poderes civiles.

Ante la ausencia de una estrategia integral para reducir los índices delictivos en el país, el gobierno continúa apostando por una lucha frontal contra el crimen organizado la cual nos pone en riesgo a todos los ciudadanos; optando por dar mayor poder a los cuerpos policiacos, de manera que cada vez más, es de ellos de quienes nos debemos de proteger, antes que del propio crimen organizado. Y a esto se añade el aumento de grupos paramilitares cuya línea de mando se pierde en la diluida frontera entre las autoridades gubernamentales y el crimen organizado

No podemos aceptar que bajo el pretexto de ofrecernos seguridad se nos vuelva víctimas de todo tipo de delitos. No debemos aceptar ser daños colaterales de una guerra sobre la que nunca se nos preguntó y con la cual muchos de nosotros no estamos de acuerdo. No podemos aceptar una ley que legalice el atropello e impunidad con el que actúan las fuerzas de seguridad.

El gobierno tiene, desde luego, la obligación de ofrecer seguridad a la ciudadanía, pero esta no se conseguirá con disposiciones que violen las garantías y los derechos humanos de la propia ciudadanía, por el contrario, esta iniciativa de ley nos coloca en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad ante la violencia que se vive en el país.

Por esto exigimos a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que esta iniciativa sea desechada.

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