PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA sign now

N o r m a s



PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (De la ayuda familiar).- En los casos en que los padres comprobadamente no puedan atender a la manutención y educación de sus hijos menores por razones económicas, podrán recibir de terceros las ayudas necesarias para mantenerlos y educarlos, sin que esto suponga el desarraigo de su ambiente natural. El destino de dichas ayudas estará fiscalizado por las instituciones referidas en el artículo 8º.

Dichos importes están exonerados de todo tributo.

Cuando la colaboración económica la provea una familia o persona física, éstas tendrán derecho a visitar la familia beneficiaria, en las condiciones acordadas con las instituciones que fiscalizan el destino de los fondos.

La familia beneficiaria deberá rendir cuentas trimestralmente a la institución intermediaria y ésta, en el mismo plazo, a quien proporcione la ayuda.

Estas instituciones no podrán financiar su funcionamiento con los fondos que reciban para las ayudas familiares.

Artículo 2º. (Centros de Acogida a la Vida).- Las mujeres embarazadas que se encuentren en situación de desamparo afectivo o económico que dificulte la prosecución de su embarazo, podrán recibir asistencia en los Centros de Acogida a la Vida.

Estos Centros prestarán ayuda a las mujeres beneficiarias, para que el niño nazca y se desarrolle, y para que la madre acceda a una posición digna dentro de la sociedad.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) explicitará en su presupuesto un programa tendiente a crear un fondo para brindar apoyo económico a estas instituciones.

Los Centros de Acogida a la Vida estarán sujetos a los mismos requisitos previstos en el artículo 8º, a excepción del literal C).

Créase una Comisión Honoraria, que estará integrada por un representante del MSP, un representante del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y otro, designado por las instituciones referidas en el inciso anterior, fiscalizará a las organizaciones que canalicen este beneficio y el destino de los fondos.

Artículo 3º. (Beneficio de vivienda).- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente otorgará preferencia en la adjudicación de viviendas sociales a las mujeres amparadas en el beneficio del artículo anterior que carezcan de recursos económicos.

Artículo 4º. (Asignación Familiar de emergencia).- Las mujeres embarazadas cuyo núcleo familiar perciba un ingreso mensual inferior al importe de una canasta familiar básica, serán beneficiarias de una asignación familiar de emergencia de un monto equivalente a 10 UR (diez unidades reajustables), acumulable a la asignación familiar común. Este beneficio se percibirá desde el momento de constatarse el embarazo hasta los dos años del hijo. Su financiación será con cargo a Rentas Generales.

Artículo 5º. (Suplencias por licencia maternal).- El trabajo de los suplentes de las trabajadoras en uso de la licencia maternal estará exonerado de la contribución patronal a la seguridad social.

Artículo 6º. (Premio fomento a la familia uruguaya).- Créase el premio fomento a la familia uruguaya, que será otorgado para distinguir a aquella empresa que haya introducido en beneficio de su personal, las mejores medidas para favorecer la relación entre su trabajo y su familia. El premio será conferido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en las condiciones que determine la reglamentación, y consistirá en reducción sustancial en los aportes que deba a la seguridad social.

Artículo 7º. (Intervenciones sobre el embrión humano).- Las intervenciones sobre el embrión humano solo serán permitidas con la finalidad de ejercer una acción médica cuyo objeto sea evaluar, proteger o restablecer su salud.

Las intervenciones no constituyen delito si tienen finalidad terapéutica que beneficie directa y objetivamente, según una adecuada ponderación de riesgos y beneficios, al embrión humano, y se cuente con el consentimiento informado, previo y escrito de sus progenitores o de Juez competente, en su caso.

El trasplante de órganos y tejidos del embrión humano se regula por las disposiciones de la Ley Nº 17.668, de 2 de julio de 2003.

Se entiende por embrión el óvulo humano fecundado, esto es a partir de la mezcla de los núcleos del óvulo y del espermatozoide, y también, toda célula totipotente tomada de un embrión, la cual por su existencia, sumada a los supuestos ulteriores necesarios, es capaz de multiplicarse hasta desarrollar, al menos, un ser humano.

Artículo 8º. (Legitimación adoptiva por entrega voluntaria).- La mujer puede entregar el hijo al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o a las instituciones privadas que se ajusten a las condiciones que se establecen en el artículo siguiente, en el plazo de 6 meses contados a partir del nacimiento. Si la entrega es posterior a los 6 meses, regirá el procedimiento previsto en la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945.

La entrega producirá la pérdida de la patria potestad respecto a los padres, en caso de haberla adquirido (artículo 275 del Código Civil), sin necesidad de trámite judicial alguno. Esta circunstancia deberá hacérsele saber fehacientemente a quien hace entrega del menor, quien deberá firmar la documentación que la reglamentación fijará.

Si el padre reconoció a la criatura, se requerirá su consentimiento, produciéndose con respecto a él las mismas consecuencias.

En caso de mujer casada, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges.

La entrega del menor por parte de la institución receptora a los padres adoptantes producirá los efectos plenos previstos en el artículo 4º de la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, y sus modificativas.

Podrán solicitar la adopción de niños las parejas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1º, incisos tercero y cuarto, de la ley citada. No se requerirá la guarda o tenencia previa del niño por parte de los padres adoptantes.

No se aplicarán a esta causal de legitimación adoptiva las disposiciones de la referida ley que se opongan a la presente.

Los casos en que la madre o el padre entreguen el hijo que no pueden tener consigo por las circunstancias invocadas en el artículo 328 del Código Penal, se regirán por lo dispuesto en él.

Artículo 9º. (Condiciones de las instituciones receptoras de menores).- El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) llevará un registro en el que inscribirá a las instituciones que soliciten ser receptoras de menores, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

A) deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro.

B) Sus autoridades deberán gozar de reconocida solvencia moral.

C) Deberán acreditar respaldo patrimonial suficiente.
El INAU fiscalizará la actividad de estas instituciones.

Ninguna institución autorizada por el INAU, ni éste, podrán cobrar las gestiones que realizaren en cumplimiento de lo encomendado por esta ley, excepto para gastos mínimos de funcionamiento. Esta circunstancia, será controlada por el INAU. La violación a lo preceptuado en este inciso dará lugar a la cancelación de la personería jurídica y al pago de una multa de entre 500 y 1.000 UR (quinientas y mil unidades reajustables).

Artículo 10. (Revelación de la identidad de los padres biológicos).-Cuando el legitimado según la causal regulada en el artículo 1º de la referida Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, cumpla 18 años, o cuando graves razones de salud lo hagan imprescindible, podrá ser develada la identidad de sus progenitores al hijo o al médico tratante, por el Juez competente.

Artículo 11. (De la adopción internacional).- La Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores, será aplicable a lo regulado por la presente ley en lo pertinente.

Artículo 12.- Queda prohibido:

A) La producción de embriones humanos con fin de investigación o experimentación.

B) Toda forma de selección con fin eugenésico de los embriones o de los gametos, o procedimientos que puedan alterar el patrimonio genético del embrión.

C) Intervenciones de escisión precoz del embrión o de ectogénesis con finalidad procreativa o de investigación.

D) La fecundación de un gameto humano con un gameto de especie diversa y la producción de híbridos o quimeras.

E) La crioconservación y la supresión de embriones.

F) Los procedimientos de asistencia a la procreación humana que supongan la utilización de gametos de persona ajena a la pareja.
La violación de lo dispuesto en cualquiera de los literales antecedentes acarreará pena privativa libertad de dos a ocho años, y la clausura del establecimiento donde se lleven a cabo los hechos, así como de la personería jurídica de la institución rectora.




EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley persigue, creando instrumentos novedosos y coordinando con otros ya existentes, la defensa de la vida antes del nacimiento, asegurando su respeto y desarrollo. Asimismo, luego del nacimiento, constatada la necesidad de extremar los esfuerzos para el mejor desarrollo del niño o la niña, formula propuestas de soluciones para que se procure el mayor apoyo a su familia, o a su madre cuando sea del caso, comprendiendo cabalmente que el respeto a su vida debe recibir el más decidido respaldo de la sociedad.

En el marco de la discusión sobre aspectos de "salud sexual y reproductiva" de los individuos en el Uruguay, se pretende limitar el concepto de "respeto a la vida", enfrentándole a un derecho "de decidir sobre la interrupción de un embarazo". Es así que se pretende establecer que un acto de estas características se pueda realizar voluntariamente por una madre embarazada dentro de ciertos plazos, que resultan una medida arbitraria.

Este proyecto y su exposición de motivos, que firmamos con el propósito de darle estado parlamentario y para que forme parte del análisis político y legislativo de un tema de indudable trascendencia, ha sido elaborado por un equipo de especialistas dirigidos por el doctor Pedro Montano; fue presentado en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social como una contribución al debate, y desde ya constituye un aporte calificado.

Es nuestro propósito que su análisis se realice en ocasión del referido al de "salud sexual y reproductiva", y que sus distintos tópicos sean tenidos en cuenta en la medida que contribuyen a mitigar el daño, que a nuestro juicio causará en la sociedad y sus valores a tutelar, la resolución por la vía de la habilitación de un procedimiento que, como el aborto, conspiran contra la preservación de la vida.

1. La familia

La Carta Magna pone un especial cuidado en jerarquizar y promover la institución familiar:

"La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad". (Constitución de la República, artículo 40)

"El cuidado y educación de los hijos, para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten.

La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso". (Constitución de la República, artículo 41)

La familia es, como señala nuestra Constitución, la célula básica de la sociedad. En ella se gesta y desarrolla la vida de cada persona y se proyecta socialmente. Por ello, la mejor forma de proteger la vida es a través de la promoción de la familia.

Esta promoción tiene que hacerse a través de medios concretos que alienten la acogida de nuevas vidas en el seno familiar, en condiciones adecuadas a la dignidad humana. Es así que, por este proyecto, se proponen medidas a través de las cuales se intenta instaurar un real apoyo, y nuevas formas de adopción más ágiles en su trámite que las actuales.

Es de singular importancia hacer notar que nuestro pueblo mantiene su aprecio por la familia y siempre considera al núcleo familiar como la base y célula vital de la sociedad.

La unión y el vínculo afectivo son los elementos que desde el punto de vista de nuestros ciudadanos dan el verdadero sentido a la familia, identificándose su figura con una modalidad de relación, más que con una estructura legal determinada. De la compulsa de los datos demográficos existentes, se pueden extraer varios indicadores de la gravedad de la situación en que se encuentra la familia y, en especial, la mujer y la niñez. Por un lado, revelan un muy alto índice de desintegración familiar, un alto número de mujeres abandonadas, madres solteras y adolescentes, y un índice creciente de hijos naturales. Todo esto, en un marco de una tasa de crecimiento de la población que apenas alcanza a la de sustitución generacional. Dentro de estos nacimientos, una muy importante y creciente población pertenece a hogares situados bajo la línea de pobreza.

El Uruguay no tiene problemas de superpoblación; más bien, todo lo contrario. A su vez, la distribución etaria de nuestro pueblo se corresponde con una pirámide invertida, lo cual revela un envejecimiento progresivo de la población, con la evidente consecuencia de una desproporción entre la población activa y la pasiva. Esta tendencia se manifiesta desde las primeras décadas del siglo y va en aumento.

2. La mujer

A nadie escapa el importante papel que desempeña la mujer en el seno de la sociedad actual. Ella afronta una doble tarea: por un lado, es la principal e insustituible protagonista de la vida familiar; por otro lado, su aporte es esencial en el ámbito social, laboral y político. Sin embargo, muchas veces la sociedad no le brinda las condiciones mínimas necesarias para cumplir su importante rol. Por el contrario, se dan situaciones de discriminación y desamparo que no sólo son injustas para ella personalmente, sino contraproducentes para los intereses de la comunidad toda.

La Constitución reconoce la importancia de la maternidad en la sociedad actual: "La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo". (Constitución de la República, artículo 42, inciso 2º)

Son las mujeres las que, a pesar de las nuevas tendencias, continúan siendo los actores esenciales en la procreación familiar cotidiana y en la socialización de las nuevas generaciones.

También son las madres las que sienten una mayor responsabilidad, en contraposición con los padres, tanto en relación al cuidado de los hijos como con cualquier problemática familiar, sintiendo que su rol no es correctamente desempeñado por tener que dividir su tiempo entre el hogar y el trabajo. Incluso pueden llegar a posponer proyectos personales por considerar que entran en contradicción con los roles de madre y esposa.

El presente proyecto procura atacar también las verdaderas causas del aborto en nuestro país, que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados de la población, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, el proyecto pretende rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de abandonarla a su propia individualidad. En los proyectos que favorecen el aborto, a una mujer con el problema de un embarazo no querido se le agrega el trauma que supone la realización del mismo, abandonándola a su propia situación y conciencia. En su lugar, se propone acompañarla, y ayudarla a que dicho embarazo sirva para la formación de una familia.

Se entiende que el Estado, que participa en forma tan amplia en la actividad de los particulares, ha padecido una prolongada desatención hacia los sectores más desfavorecidos, invirtiendo el orden de sus prioridades.

3. El proyecto

En este sentido, en el presente proyecto se regulan la ayuda familiar y la asignación familiar de emergencia, la legitimación adoptiva por entrega voluntaria y la adopción internacional, como formas de cumplir debidamente -con efectividad- con el mandato constitucional.

4. La ayuda familiar

El proyecto establece la posibilidad de que terceros puedan ayudar directamente con aportes económicos a familias carenciadas con el especial destino de ser aplicadas a la manutención y educación de los hijos menores. Se trata de que los hijos no sean desvinculados de su hogar natural, pero que puedan recibir una asistencia eficaz cuando la necesiten.

Se establece un mecanismo de fiscalización para verificar que la ayuda sea aplicada para el destino previsto.

5. La asignación familiar de emergencia

Es notorio que la prestación de seguridad social denominada asignación familiar, ampliándose, puede ser un instrumento idóneo para el fin de apoyar a la madre gestante. Por esta razón, la sociedad, en momentos en que se promueve el fortalecimiento del sistema de seguridad social, debe introducir mecanismos de verdadera justicia social y solidaridad con los más desamparados. Para ello, el proyecto propone el aumento del alcance de esta prestación, y su financiación. Considerando el deterioro de las prestaciones de seguridad social, se opta por introducir un mecanismo que asegure los fines de justicia social y solidaridad que se persiguen con la asignación familiar. El proyecto establece un monto que responda a las necesidades económicas para la manutención de un menor en la actual coyuntura.

Por todo esto, el proyecto regula además, un beneficio de vivienda destinado especialmente a la mujer embarazada carente de recursos, un sistema de suplencias por licencia maternal que crea un estímulo a los empleadores que contraten mujeres, y una red de centros de acogida en los cuales las madres reciban el apoyo integral que necesitan.

6. Vivienda

Se establece en la Constitución, y con carácter general, el derecho a la vivienda decorosa, en su artículo artículo 45.

El tema de la vivienda es uno de los principales problemas que deben resolverse para lograr un adecuado desarrollo de la institución familiar. Este proyecto busca dar preferencia a la mujer embarazada para el acceso a viviendas sociales.

La referencia a las dificultades económicas es reiterada entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo, e incluso, entre las de nivel medio. Estas dificultades son de diversa índole, pero entre ellas cabe destacar la carencia de vivienda como una preocupación clave, en tanto la necesidad de un espacio físico estable y propio es sentida como fundamental para el desarrollo.

7. Adopción

Respecto de las adopciones en el país, los organismos que trabajan en el tema han sido contestes en afirmar que el número de parejas que buscan adoptar es entre cuatro a seis veces superior al de los niños que esperan ser adoptados.

También parece existir un círculo vicioso que hace que los trámites sean desesperantemente lentos en virtud de que la demanda de los adoptantes es imposible de cubrir. Existe, no obstante, una tendencia creciente año a año en los procesos de adopción.

Con la adopción internacional se busca promocionar y dar cauce legal a una situación de ayuda solidaria privada, fomentando la generosidad de quienes están dispuestos a colaborar en la financiación de la crianza de menores de familias más pobres, conociendo en forma directa los beneficios que proporcionan a personas concretas.

Ello se logra con una solución que pretende conjuntar la dignidad de la familia beneficiaria, el contralor por parte del benefactor del destino de su ayuda y el interés del menor, que se mantiene en el seno de su núcleo de vida original, sin ningún cambio que altere su estabilidad afectiva.

También conviene dulcificar la situación de la madre que hoy se ve con una pena de hasta 8 años de penitenciaría si entrega "clandestinamente" a su hijo que no puede tener consigo (artículo 258 del Código Penal). Lo mismo, con respecto a la o las personas que lo reciben en tales condiciones.

8. Centros de acogida maternal

Se recoge también una solución exitosa de la experiencia de otros países, donde se ha logrado cambiar situaciones de eventual riesgo de aborto por nacimientos en un ambiente adecuado. El propósito de los centros de acogida es que brinden alojamiento y asistencia médica y psicológica a las mujeres embarazadas en situaciones de desamparo, facilitando posteriormente la crianza de sus hijos, con un apoyo que continúa luego del nacimiento, así como la inserción laboral de las madres necesitadas.

Estos centros se financiarían en parte con un fondo público creado a tales efectos. Deberán cumplir con ciertas exigencias que aseguren el logro de los cometidos explicitados.

9. Suplencias por licencia maternal.

Las suplencias por licencia maternal suponen una modificación que coadyuva a proteger a la trabajadora grávida sin causar un perjuicio económico para la empresa donde trabaja. Esta propuesta evitaría la discriminación hacia la mujer, evitando el "handicap" que supone la posibilidad de un embarazo, instrumentando de este modo compromisos internacionales que obligan al país (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ONU, 1979, Resoluciones de El Cairo y documentos emanados de la Conferencia de Pekín).

10. El embrión humano

A raíz de la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica (artículos 2 y 4 del mismo) y de la Convención de los Derechos del Niño (Preámbulo) por nuestro país, se impone un especial cuidado para el tratamiento de los embriones humanos. Para ello, se ha establecido la prohibición de investigación científica en ellos, con la salvedad de la investigación terapéutica en su propio beneficio, dado que un ser humano no puede ser nunca instrumentalizado.

Se prohíbe asimismo las formas de asistencia a la procreación humana que admiten gametos heterólogos (ajenos a la pareja). Esos sistemas que funcionan en algunos otros países no se conjugan con nuestra tradición tuitiva de los derechos fundamentales del ser humano, en los cuales debe considerarse, obviamente, el de conocer a sus progenitores biológicos.

Además, tratándose de fortalecer la familia se busca evitar la irrupción de terceros en la intimidad de la procreación y que el niño nazca en el seno de una pareja compuesta de hombre y mujer, comprobadamente estable. Los supuestos de madres solteras o solas son situaciones a evitar en lo posible, para permitir que los niños nazcan en una familia donde no se desdibujen ni la figura paterna ni la materna. De hecho, es sabido que el mejor rendimiento escolar y las menores tasas de delincuencia son consecuencia de hogares estables, normalmente constituidos.

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ALEJANDRO ANDRADABy:
Justicia, los derechos y políticas públicasIn:
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GOBIERNO, POLÍTICOS Y DIRIGENTES URUGUAYOS

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