POR LA NORMALIZACION DEMOCRATICA sign now

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado la derogación de la ley de Amnistía de 1977 y ha instado al gobierno español a que tome medidas legislativas que garanticen la restauración del honor de las víctimas de este luctuoso período de la historia de España (20 de Octubre de 2008).

La transición española fue, probablemente, modélica pero no exenta de transacción. Los franquistas cesaron de perseguir a sindicalistas e izquierdistas y, a cambio, los demócratas, urgidos, aceptaron hacer tabla rasa de los excesos que acompañaron la guerra por parte del franquismo. Los crímenes de la contraparte habían sido condenados durante los cuarenta años de dictadura, con y sin simulacros judiciales. Se pasó de un sistema dictatorial sangriento, producto de un golpe de estado y una larga guerra civil, a una democracia de tipo occidental, sin sufrir apenas traumas sociales y con un nivel de violencia realmente bajo. Se trató, por tanto, de un acuerdo asimétrico y el resultado fue la incorporación del franquismo en las estructuras hoy vigentes.



Dentro de la normalidad democrática y en línea con las mencionadas recomendaciones, parecía vislumbrarse la posibilidad de creación de unos espacios legitimados para reparar la experiencia íntima del sufrimiento infringido durante décadas.

A lo largo del curso de la historia, los cadáveres que se guardan en el armario siempre acaban por salir. De hecho, hasta que no se acepte su existencia no se resolverá un aspecto fundamental de nuestra vida social, como es la terrible injusticia que sufren personas cuyos familiares yacen todavía, ocultos bajo tierra, en los campos de media España . Su derecho a enterrar dignamente a sus antepasados recientes es fundamental e inalienable y ha de ser defendido por cualquier persona de honra, con absoluta independencia de sus ideas políticas y con total abandono del cainismo.

Por todo ello, los abajo firmantes, pertenecientes al campo de la ciencia, la cultura y ciudadanos de a pie, exigimos que de una vez se ejerza justicia con todas esas personas, miembros entre los más dignos de nuestra sociedad, que a la desgracia de haber sido cruelmente privados de sus familiares se les añadió la ignominiosa ocultación de las causas de su muerte y hasta del propio lugar donde, todavía, yacen sus restos.

La indiferencia es cómplice de formas políticas totalitarias.

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Tribunal Supremo de España y Comité de Derechos Humanos de la ONU

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