Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sign now

Washington, 27 de octubre de 2011

Exmo. Embajador Joel Antonio Hernández García
Representante Permanente de México ante la OEA
Presidente del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (en adelante la Coalición) junto a otras organizaciones y personas interesadas nos dirigimos a Usted a los efectos de hacer llegar al Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante Grupo de Trabajo) algunas preocupaciones en relación tanto al procedimiento como a los temas en debate en el marco de este Grupo de Trabajo.

El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH) es un patrimonio de los pueblos y de los Estados americanos, por tanto su destino y desarrollo no es sólo una competencia de los Estados. De ahí que los usuarios del Sistema y las víctimas deben ser considerados actores centrales en el momento de sus transformaciones, y su participación exige un diálogo que resulte en la consideración real de sus propuestas. Este proceso y sus consecuencias podrían afectar la esperanza de justicia de miles de víctimas y colocar en riesgo el legado que se ha construido en más de 60 años.

En relación con el procedimiento de reflexión, la Coalición ha planteado, en diferentes etapas de este y otros procesos, la necesidad de una participación efectiva, real y equilibrada de la sociedad civil que trabaja directamente con las víctimas y usuarios. Sin embargo, en el marco de las discusiones de este Grupo de Trabajo nuevamente se reiteran obstáculos y limitaciones que dificultan un diálogo constructivo para el fortalecimiento del Sistema. Algunas de estas limitaciones se evidenciaron en el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil fueron notificadas recién el 10 de octubre, contando con un plazo de 5 días calendario para manifestar su interés en participar en una reunión a celebrarse el 28 de octubre, sin considerar que la mayoría no cuentan con sede en la ciudad Washington, con las implicaciones financieras y logísticas que ello conlleva. En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo tiene una agenda constituida por un amplio número de reuniones para tratar temas sustantivos en la cual la participación de la sociedad civil se incorporó en una sola fecha y con un tiempo extremadamente limitado para el debate de temas complejos.

En relación a algunos temas del debate es importante recordar que la Convención Americana y los sucesivos tratados interamericanos de derechos humanos facultan a los órganos de protección a actuar con fuerza vinculante en vastos espacios de la vida pública y privada en el continente. La efectividad de la Comisión y Corte Interamericanas depende de su legitimidad como órganos independientes, competentes y confiables para la tutela de derechos. La confianza de la Comisión se sostiene en su autonomía y objetividad, principios que fueron recogidos en su regulación como cuerpo, y en las prácticas del SIDH.

La independencia requiere de garantías objetivas y subjetivas de imparcialidad por parte de los miembros del Sistema Interamericano a la hora de tomar las decisiones que les competen. La imparcialidad objetiva o independencia está relacionada con las condiciones estructurales y de funcionamiento de la Comisión y la Corte que permiten el desarrollo de un desempeño autónomo de sus facultades. La imparcialidad subjetiva requiere que exista una convicción íntima libre de prejuicios e influencias indebidas. Aquella no exige aislarse del diálogo o la consulta con los diversos actores del Sistema, sino garantizar la autonomía en la toma de decisiones pese a intereses encontrados o eventuales presiones, teniendo como principio rector la mejor y mayor tutela de los derechos de los/as habitantes del hemisferio.

La protección regional, y la obligación de los Estados de garantes colectivos de esa protección, se basa en el reconocimiento de la necesidad de otorgar un recurso subsidiario para asegurar el goce y disfrute de los derechos fundamentales de los individuos, en la certeza que ese resguardo es clave para garantizar la dignidad humana. Es así que el objetivo último del sistema de protección, y la razón de su existencia, es tutelar los derechos de las personas y reparar las violaciones cometidas. En tal sentido, los Estados al firmar tratados de derechos humanos y al crear mecanismos supranacionales de vigilancia, reconocen la desigualdad de los individuos frente al poder estatal y la necesidad de un sistema complementario que dé respuesta de justicia concreta.

El sistema de casos individuales constituye así una modalidad efectiva para alcanzar justicia, verdad y reparación en las violaciones de derechos humanos, constituyéndose en elemento consustancial de la vida democrática y las posibilidades del desarrollo en nuestras sociedades. La instancia interamericana es, en muchas ocasiones, el único camino para las víctimas.

La Comisión Interamericana cuenta con potestades de promoción y protección. Ambas las realiza mediante mecanismos tales como las visitas a países de las relatorías y comisionados/as; informes especiales temáticos; informes anuales y especiales sobre países; el trabajo en coordinación con organismos del sistema universal de derechos humanos, entre otros. Sin contar la existencia de otros órganos y mecanismos de la propia OEA con mandatos de protección. Con un presupuesto que alcanza apenas para la supervivencia de los órganos de protección y que se integra fundamentalmente por fondos extra-regionales, exigirle a la Comisión Interamericana mayor actividad de promoción o asistencia técnica a los Estados de la región es imponerle una carga imposible de cumplir que impactaría gravemente en el sistema de casos.

Una de las formas más eficaces para promover los derechos humanos y hacer efectiva la protección, es dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos del Sistema y, en la medida que los Estados las cumplan de buena fe y a cabalidad, estarán dando el paso más importante para la promoción de los derechos humanos y para fortalecer los sistemas judiciales nacionales.

Las medidas de protección han representado históricamente una herramienta clave para proteger y garantizar derechos humanos amenazados. Las medidas cautelares y provisionales son un instrumento de protección que salvaguarda la dignidad, vidas y derechos en los países de América, es un patrimonio compartido que los Estados deben mantener, proteger y ampliar. El cumplimiento de buena fe de las decisiones no solo es una obligación moral y jurídica de los Estados, sino además constituye la mejor arma de promoción para cambiar políticas, prácticas y realidades, así como de protección para reparar las violaciones cometidas y contribuir a salvaguardas de no repetición.

El mecanismo de protección interamericano no sólo mantiene su vigencia sino que se le plantean nuevos desafíos. Desafortunadamente seguimos enfrentados a graves violaciones a los derechos humanos, producto entre otras causas, de la violencia, de una institucionalidad débil y de los profundos grados de desigualdad y exclusión que caracterizan al hemisferio. Las instancias de la Comisión y CorteIDH son el único mecanismo con el cuentan las víctimas para alcanzar la justicia, su rol es de insustituible importancia para superar los desafíos asociados al desarrollo de la institucionalidad democrática. El anhelo de justicia de las víctimas debe encontrar una institucionalidad que garantice esa oferta que es intrínseca al desarrollo social y la democracia.

El fortalecimiento del SIDH depende de un adecuado y suficiente financiamiento para alcanzar los desafíos que exigen nuestras realidades. Las reiteradas declaraciones políticas deben ser consecuentes con la prioridad que se atribuye a garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema Interamericano. La adecuada contribución financiera para la sustentabilidad del SIDH demostraría un verdadero compromiso de los Estados con la protección de los derechos humanos.

En el marco de este proceso de reflexión reiteramos la importancia de preservar el legado construido por las sociedades del hemisferio para garantizar los derechos humanos y la vida en democracia.


Atentamente, los abajo firmantes,

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