Comisiуn Internacional de Observaciуn de los Derechos Humanos sign now

La Comisiуn Civil Internacional de Observaciуn de los Derechos Humanos en base a su investigaciуn considera probado;

RESPECTO A MUERTES Y DESAPARICIONES

1.- La Comisiуn considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabуn de una estrategia jurнdica, policнaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo ъltimo es lograr el control y amedrentamiento de la poblaciуn civil en zonas donde se desarrollan procesos de organizaciуn ciudadana o movimientos de carбcter social no partidista.

2.- El balance de muertos documentados por la CCIODH arroja provisionalmente una cifra total de 23 personas identificadas. La Procuradurнa General de Justicia del Estado reconoce 11 casos y la Comisiуn Nacional de los Derechos Humanos 20 en su informe preliminar. Ademбs la CCIODH tiene constancia de la muerte de otras personas no identificadas.

3.- Existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas. Una de las mayores dificultades para investigar y esclarecer estas desapariciones es la falta de denuncias presentadas.

4.- Las muertes y desapariciones se producen en momentos en los que se detecta una subida del nivel de violencia y enfrentamientos que responde a la puesta en marcha de operativos diseсados con este fin. En dichos operativos se constata la participaciуn y coordinaciуn de diferentes autores materiales e intelectuales. Sirvan de ejemplo los numerosos testimonios que constatan que el dнa 27 de octubre de 2006 tuvo lugar un operativo coordinado que produjo hechos de gravedad en el municipio de Santa Marнa Coyotepec y en otros lugares de manera correlativa en el tiempo.

5.- Los homicidios se han cometido en la ciudad de Oaxaca y en las comunidades, donde se constata un incremento significativo de la violencia y de la presencia militar, asн como ataques en contra de civiles, en su inmensa mayorнa pertenecientes a diferentes grupos indнgenas.

RESPECTO A LAS VULNERACIONES LEGALES.

6.- Los poderes pъblicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresiуn, pensamiento, asociaciуn, reuniуn, participaciуn polнtica, libre circulaciуn y manifestaciуn. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza fнsica y la coacciуn el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacнficas, impidiendo el pleno ejercicio de la funciуn de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicaciуn.

7.- El derecho a la educaciуn ha sido y es vulnerado por varias causas: la falta de recursos materiales y humanos, especialmente en zonas rurales, asн como la prolongaciуn del conflicto por la falta de diбlogo en la resoluciуn del mismo. Ninguna de las partes en conflicto estableciу medidas alternativas durante el paro magisterial para asegurar el derecho a la educaciуn de los niсos y las niсas. Siguen existiendo numerosas situaciones irregulares en cuanto a adscripciones, comisiones de servicio, toma de escuelas y vuelta a las aulas.

8.- Se han violado los derechos a paro sindical, libertad de expresiуn sindical y libertad de cбtedra del magisterio. La Secciуn 22 del SNTE, representada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ha sido el colectivo social mбs fuerte y cruelmente afectado por el conflicto, sufriendo daсos materiales, hostigamiento, amenazas, agresiones, muertes y desapariciones en un nъmero significativo.

9.- Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la poblaciуn civil: hombres, mujeres, niсos y ancianos, utilizando gases lacrimуgenos, gas pimienta, agua con quнmicos, armas de medio y alto calibre, vehнculos y helicуpteros militares. En ellas han participado cuerpos policiales federales, estatales, municipales y grupos de elite, incluso con intervenciуn de efectivos militares en tareas logнsticas y de coordinaciуn. Grupos de personas no uniformadas con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunos casos utilizando vehнculos policiales y con la participaciуn de funcionarios pъblicos.

10.- Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la poblaciуn civil. Algunas detenciones tambiйn han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposiciуn de los cuerpos policiales, con el beneplбcito de йstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia fнsica y psнquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres.

11.- No se han respetado los derechos de los detenidos: no se les han notificado los delitos que se les imputaban ni los derechos que les asistнan, fueron incomunicados, no se les notificу su detenciуn a personas de su confianza o familiares y no se han respetado los plazos legales de puesta a disposiciуn ante la autoridad competente.

12.- Se han utilizado espacios ilegales como lugares de detenciуn, que en muchos casos no reunнan las condiciones mнnimas de seguridad y salubridad: bases militares, edificios de gobierno, casas de seguridad.

13.- En los traslados se han vulnerado los derechos de manera especialmente grave, realizбndose torturas fнsicas (toques elйctricos, golpes, heridos, quemaduras, etc) y psнquicas. La CCIODH tiene indicios fundados de violaciones a hombres y mujeres, segъn testimonios y cuadros clнnicos. En los traslados han participado cuerpos policiales, en ocasiones efectivos militares, y grupos de personas no uniformadas y armadas que custodiaban a los detenidos hasta los penales.

14.- En las detenciones y traslados intervino la llamada "fiscalнa mуvil", segъn consta en autos judiciales. Este уrgano carece de toda cobertura legal, su actuaciуn no es transparente ni estб sujeta a control alguno.

15.- No se garantizу el derecho de defensa de los detenidos y procesados: ni asistencia de un abogado de confianza, ni comunicaciуn con el abogado, ni condiciones de privacidad en las entrevistas, ni asistencia de intйrpretes en las diligencias con personas indнgenas.

16.- Los abogados han hallado mъltiples obstбculos en el acceso a los expedientes judiciales de sus defendidos, en la aportaciуn de pruebas de descargo, en el acceso a las audiencias pъblicas y en el ejercicio de sus funciones, siendo objeto, en algunos casos, de amenazas y vejaciones por parte de los funcionarios pъblicos.

17.- Gran parte de los detenidos fueron asistidos por abogados de oficio que dependen orgбnicamente del Ejecutivo, y que actuaron bajo consigna, avalando todas las ilegalidades en los procesos.

18.- Se ha vulnerado el derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurнdica a todos los detenidos: las irregularidades afectan a los уrganos competentes de conocer el proceso, a los plazos y formalidades de las notificaciones establecidas en la legislaciуn vigente y a las fianzas; los certificados mйdicos no han reflejado el alcance real de las lesiones ni su causa; existe una falta de informaciуn en cuanto a los medios de impugnaciуn de las resoluciones. Todos estos elementos provocan situaciones de privaciуn ilegal de libertad, incomunicaciуn e indefensiуn de los afectados.

19.- Los encarcelamientos en penales estatales y federales se produjeron sin la preceptiva documentaciуn: parte informativo y auto de formal prisiуn; no se informу a los detenidos sobre la posibilidad de ser puestos en libertad bajo fianza, en unos casos, y el establecimiento de fianzas manifiestamente desproporcionadas por los cargos imputados en otros. Las condiciones de habitabilidad, higiene, salubridad y alimentaciуn que se encontraron en las visitas a algunos penales vulneran los mнnimos establecidos en la legislaciуn interna, asн como los tratados internacionales en la materia suscritos por Mйxico.

20.- Se dan casos de personas recluidas en penales federales que han sido tratadas de forma vejatoria y degradante. Se han producido amenazas y se han inflingido malos tratos fнsicos y psicolуgicos por parte de los custodios.

21.- Hay personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad a pesar de tener la condiciуn de presos preventivos y sin que exista estudio o certificado alguno que justifique la peligrosidad de los reos y la consecuente adopciуn de tal medida.

22.- Hay menores de edad que han sido detenidos con uso indebido de la fuerza y han sido trasladados en cuatro casos a penales de adultos. Tres de ellos lo fueron al penal de mediana seguridad de Nayarit -donde la edad penal es de 18 aсos- vulnerбndose los convenios, tratados y acuerdos internacionales de protecciуn de los derechos humanos de la infancia. Existe una inseguridad jurнdica respecto a la situaciуn de los menores a partir de la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la Ley de Justicia para Adolescentes.

23.- Los representantes del Ministerio Pъblico no han impulsado de oficio procedimiento penal alguno contra representantes de instituciones pъblicas, a pesar del conocimiento de hechos constitutivos de delitos perseguibles por este organismo.

24.- Algunos procesos iniciados a instancia de los afectados, a pesar de haber aportado pruebas, se hallan paralizados sin causa justificada. Segъn testimonios con conocimiento de causa, esta falta de impulso procesal obedece a уrdenes directas del Ejecutivo Estatal.



25.- La Comisiуn Nacional de Derechos Humanos y la Comisiуn Estatal de Derechos Humanos, que pueden actuar a peticiуn de parte o de oficio, han tenido una intervenciуn tibia e insuficiente, a pesar de haber constatado las vulneraciones anteriormente reseсadas, de las que han tenido constancia directa (por sus visitas a penales) o indirecta (por las denuncias y peticiones de particulares y organizaciones civiles). Especнficamente, en cuanto a la Comisiуn Estatal de Derechos Humanos, hemos recibido algunos testimonios que refieren que en el momento de las detenciones, en las que se produjeron graves situaciones de torturas, requirieron su presencia pero йsta no intervino.

RESPECTO A LAS AFECTACIONES PSICOSOCIALES Y SANITARIAS.

26.- Las violaciones a los derechos humanos han tenido altos impactos fнsicos, emocionales y psicolуgicos dejando severos daсos a las personas, a las familias y a la comunidad. Las secuelas psicosociales derivadas del conflicto, no desaparecen totalmente y se reflejan en la vida cotidiana de personas, familias y poblaciones.

27.- Se han detectado efectos y sнntomas caracterнsticos de trastornos de estrйs postraumбtico y de trauma social. Los mбs seсalados son: revivir permanentemente los eventos traumбticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad psicolуgica a estнmulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manнa persecutoria. Hay una percepciуn de aleatoriedad e injusticia, de indefensiуn, de pйrdida del control sobre la situaciуn y sobre la propia vida. Constatamos la dificultad de verbalizar lo que les ha sucedido.

28.- La atenciуn mйdica prestada ha sido tardнa e insuficiente. Hay sospechas mбs que fundadas para afirmar que miembros de cuerpos policiales han entrado en hospitales para aprehender heridos. La actuaciуn de la Cruz Roja de Oaxaca ha sido cuestionada precisamente por este motivo.

29.- Existe una falta de apoyo y seguimiento psicolуgico para los afectados y sus familiares. Merece destacarse el impacto psicolуgico en las personas que han sufrido o estбn en condiciones de internamiento, por las caracterнsticas del mismo, asociado a la falta de atenciуn mйdica y de respeto a garantнas bбsicas. Especialmente preocupante resulta tambiйn la situaciуn de los menores que han sido detenidos y trasladados a penales de adultos

30.- Observamos un impacto importante de la estrategia psicosocial de generaciуn de miedo que tiene consecuencias importantes: el hecho de no denunciar y el incremento de la desconfianza hacia las personas e instituciones, fomentado ademбs por la existencia de seсalamientos y acusaciones, campaсas de odio, la incitaciуn a la violencia y los obstбculos jurнdicos existentes.

31.- La unidad y vida familiar se han visto afectadas por las nuevas circunstancias: disgregaciуn de familias (por diferencias ideolуgicas y polнticas, desplazamiento de domicilio o lugar de trabajo y separaciones forzosas), hostigamiento y amenazas, cambio de apariencia, reorganizaciуn familiar. Existe un impacto econуmico en las personas afectadas por el conflicto y sus familiares: pйrdida de empleo, estigmatizaciуn social y laboral, desplazamientos para las visitas a los penales y para las citaciones judiciales. A todo ello hay que aсadir el costo de los daсos materiales sufridos.

32.-.Se ha llegado a una clara polarizaciуn de la sociedad que deteriora y rompe el tejido social.

33- Por otra parte, observamos que colectiva e individualmente existe, pese a la estrategia implementada, un nivel de solidaridad alto, que permite tener una fuerte capacidad de recuperaciуn y de fortalecimiento importante. Existen elementos de dignidad, en situaciones que deben ser consideradas extremas por su virulencia y gravedad, tanto en las personas que participan socialmente como en el conjunto de los ciudadanos.

34.- A nivel social constatamos el grave deterioro y la desconfianza que la gente tiene en las instituciones, lo que estб poniendo en grave peligro las vнas de participaciуn democrбtica. Dado el alto grado de violencia social imperante es posible que la estrategia de control social empleada acabe generando reacciones de mayor intensidad y violencia. Esta desconfianza en las instituciones y la impunidad con la que actъan en los hechos descritos en este informe, dificultan el dialogo de las partes en conflicto.

RESPECTO A MEDIOS DE COMUNICACIУN.

35.- En el conflicto ha sido significativa la toma de varios medios de comunicaciуn como respuesta al cerco informativo y por el descontento de la poblaciуn. Los medios independientes han ganado un espacio nuevo y algunos medios comunitarios han ganado independencia. Por estas razones han sido y siguen siendo blanco de ataques y de represiуn selectiva.

36.- Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicaciуn han sido vнctimas de ataques indiscriminados. A partir de la muerte de Bradley Will muchos han descrito condiciones de trabajo parecidas a situaciones de guerra.

37.- Existen pocas denuncias presentadas antes las autoridades. La CCIODH tiene indicios de que algunas direcciones de medios incitaron a sus reporteros a callar tanto los agravios propios sufridos como algunas situaciones de las cuales han sido testigos.

38.- Las investigaciones de los homicidios del periodista estadounidense Bradley Will y del periodista oaxaqueсo Raъl Marcial Pйrez no han registrado avances. Las circunstancias del homicidio siguen sin clarificarse y adolecen de todas las irregularidades periciales y procesales referidas en el anterior apartado de vulneraciones legales.

RESPECTO A HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

39.- Las organizaciones de Derechos Humanos no gubernamentales y sus integrantes han sido vнctimas de ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campaсas difamatorias, de desprecio y de acusaciones en contra, causando una criminalizaciуn de sus acciones, que ha obligado a muchos de ellos a tomar medidas para resguardar su integridad fнsica y sus medios de trabajo, viйndose afectado con ello la realizaciуn del mismo.

RESPECTO A MUJERES.

40.- La Comisiуn ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, fнsicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligaciуn de desnudarse, sentadillas, etc) hacia las mujeres por su condiciуn de gйnero. Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daсos fнsicos, psicolуgicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumбticos.

RESPECTO A LAS PERSONAS Y PUEBLOS INDНGENAS

41.- No se ha garantizado la asistencia de intйrpretes en las diligencias policiales y judiciales ni se ha aplicado la Ley de Defensa de los Pueblos y Comunidades Indнgenas. La CCIODH constata que muchos de los detenidos y presos indнgenas, asн como sus familiares, han testimoniado haber sido objeto de discriminaciуn йtnica por parte de funcionarios pъblicos: negaciуn de la comunicaciуn en el penal de Nayarit por desconocimiento de su lengua, insultos y tratos vejatorios por no hablar bien el espaсol.

42.- En las regiones de Valles Centrales, Mixteca, Istmo, Sierra Sur y Costa y en la zona Triqui se ha constatado un incremento de la presencia de cuerpos militares, grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos casos comandados por caciques y presidentes municipales, que agraden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la poblaciуn (incluidos niсos y mujeres), provocando desplazamientos en algunas comunidades con la consecuente fractura social y disgregaciуn familiar.

II.- RECOMENDACIONES

En base a las anteriores conclusiones, la CCIODH recomienda:

1.- Atender a las causas originales de este conflicto, cuyas raнces se hallan en problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, falta de medios para la educaciуn y la salud, no respeto a la memoria histуrica y a la identidad indнgena, vulneraciуn de los procedimientos democrбticos y falta de respeto al acceso real a canales de participaciуn, creando condiciones que logren reparar las violaciones de Derechos Humanos y restaurar la convivencia en esta sociedad tan polarizada.

2. Para garantizar la separaciуn de poderes, la transparencia en la actuaciуn de los servidores pъblicos y el pleno respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca, es necesario diseсar e implementar una reforma profunda de las instituciones del Estado. Puesto que se trata de una reforma que todas las partes sin excepciуn aceptan como necesaria, deberнa iniciarse el proceso con prontitud de acuerdo con los principios democrбticos de diбlogo y participaciуn para evitar que se desencadene de nuevo la violencia latente y que se manifiesten de forma conflictiva las demandas sociales.

3. Para reestablecer el Estado de Derecho, hay que garantizar sin dilaciуn la investigaciуn de los ilнcitos cometidos, especialmente en los casos mбs graves (muertes, desapariciones, torturas y agresiones sexuales); la revisiуn de la situaciуn jurнdica de las personas liberadas bajo cauciуn; la resoluciуn de los procesos penales iniciados, especialmente cuando se carece de fundamento probatorio; asн como la reparaciуn econуmica, moral y social a las vнctimas.

4. Revisar la situaciуn jurнdica de todas las personas encarceladas y proceder a la inmediata liberaciуn tanto de aquellas que lo estбn por motivos estrictamente polнticos como en los casos en los que su implicaciуn no tiene fundamento probatorio alguno y/o en los que la gravedad de los hechos no justifique la privaciуn de libertad.

5. Para recuperar la confianza de la sociedad civil en las instituciones pъblicas, e impedir la impunidad sus representantes deben: reconocer pъblicamente las vulneraciones cometidas, depurar las responsabilidades pertinentes sin escudarse en mutuas atribuciones de competencias y cumplir estrictamente, de ahora en adelante, con los Convenios Internacionales ratificados por Mйxico.



6. Proceder al desarme, controlar la posesiуn y utilizaciуn ilegal de armas, impedir la actuaciуn de grupos de personas no uniformadas armadas y la coordinaciуn de йstos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.



7.- Impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucciуn del equilibrio social a travйs de medidas de reparaciуn de los daсos individuales y colectivos ocasionados. Dichas medidas deben ser consensuadas por los mismos afectados e incluir la reparaciуn moral, emocional, del daсo comunitario, econуmica, legal, social e histуrica.

8.- Restablecer el orden por la vнa del diбlogo y no a travйs del uso de la fuerza publica.

9.- Aplicar programas de acompaсamiento terapйutico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas, tanto fнsicas como psicolуgicas con especial atenciуn a las vнctimas de agresiones sexuales y violaciones, tanto a mujeres como a hombres.

10.- Ofrecer una especial atenciуn a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, trasladados e internamientos.

11.- Hacemos un llamado a las organizaciones locales, nacionales e internacionales a que cooperen en el seguimiento psicolуgico y la atenciуn mйdica y profesional de los afectados, de forma consensuada con las organizaciones locales.

12.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas para garantizar la independencia de todos los medios de comunicaciуn y equiparar el acceso y la difusiуn de la informaciуn entre los medios comerciales y los medios independientes y comunitarios.

13.- Garantizar la integridad fнsica y psicolуgica de los profesionales de los medios de comunicaciуn en el ejercicio de su labor en el terreno.

14.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas, para garantizar que los defensores de Derechos Humanos puedan realizar libremente sus actividades, favoreciendo su protecciуn y el respeto de sus libertades fundamentales, garantizando su seguridad y su integridad fнsica y psicolуgica en el ejercicio de su labor.

15.- Atender a las demandas de los pueblos indнgenas, evitando toda discriminaciуn y respetando sus derechos polнticos, econуmicos, sociales y culturales. Garantizar el respeto y la aplicaciуn de las leyes que afectan a las comunidades indнgenas y favorecer el desarrollo de polнticas de inclusiуn de йstas a travйs de mecanismos de participaciуn y defensa adecuados a sus formas de organizaciуn, gobierno y usos y costumbres.

16.- Instar a la actuaciуn decidida de las Fiscalнas Especiales existentes para la protecciуn efectiva de los derechos de colectivos especialmente vulnerables, como son: periodistas, comunidades indнgenas, mujeres y menores.

17.- Deslindar todas las responsabilidades polнticas y personas en los hechos referidos en estas conclusiones y recomendaciones. A nivel estatal, seсalamos la importancia de investigar la actuaciуn de la Procuradurнa General de Justicia del Estado, asн como de la Secretarнa de Protecciуn Ciudadana y la Secretarнa General de Gobierno, lo que implica investigar la actuaciуn del gobierno estatal en su conjunto. A nivel federal, es necesario investigar las actuaciones de la Policнa Federal Preventiva, la Secretarнa de Seguridad Pъblica y la Procuradurнa General de la Repъblica.

18.- Dar continuidad por el momento a la tarea de observaciуn internacional del respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca en la que se impliquen instituciones y organismos independientes e imparciales que puedan garantizar la libertad de movimiento, la protecciуn para la denuncia de las vulneraciones, la asistencia debida a las personas afectadas y la justa reparaciуn de todas las vulneraciones descritas. En este sentido, recomendamos al gobierno mexicano que inste especialmente la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Oaxaca.



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