Acción por los Derechos Humanos de los niños sin hogar en la Corte Suprema de Justicia de Salta. sign now

Somos parte de la asociación Dr. Miguel Ragone por la verdad, la memoria y la justicia; que trabaja en la provincia de Salta por los derechos humanos, en especial sobre aspectos que tienen que ver con el sistema judicial y con las políticas públicas.

Por eso Gabriela, Verónica, Haydée, Natalia y Fernando hemos trabajado desde todas nuestras disciplinas de formación para mirar detenidamente la vida de unos niños que representan de alguna manera la de una gran mayoría de niños aquí en Salta. Lo hicimos para analizar los planteos que sobre el tema hizo en este mes de diciembre de 2010 una funcionaria abogada Defensora del Ministerio Público Fiscal de la Provincia; para contribuir con ella a que sea escuchada sobre la vida de una gran mayoría de niños que no tienen o no pueden ver a sus familias, para contribuir con los jueces de la Corte de Justicia que deben resolver cosas fundamentales para las vidas de los chicos ahí planteadas, y para contribuir con los funcionarios que intervienen en los circuitos y en los hogares donde esos niños son alojados principalmente cuando se quedan sin su familia.

Nuestro único objetivo – y suponemos que debe ser el mismo para todos los involucrados en esta acción jurídica emprendida por la Defensora – es cuidar en particular a tres hermanos pero en general a todos los niños que corren su misma suerte. Protegerlos para que tengan efectivamente las garantías que nuestra propia Constitución Argentina les otorga por ser personas y por ser niños, las que entendemos que les fueron vulneradas por actos de autoridades que parecieran desconocer los derechos fundamentales que como niños y personas poseen, derechos que además están reconocidos en la Constitución. Es decir, no queremos inventar nuevos derechos, queremos que los derechos de estos niños, efectivamente, se cumplan.

Concretamente, los niños de los que hablamos se encuentran alojados por disposición de un juez en hogares destinados para tal fin, y nunca han cometido ningún delito. Se dispuso que vivan allí porque no tienen familias o porque sus familias no los pueden mantener con ellas por distintos motivos. Muchos funcionarios judiciales y muchos profesionales que los cuidan en los albergues creen que esos ‘hogares sustitutos’ en los que se encuentran es lo mejor para los niños, porque de otra forma estarían probablemente en la calle expuestos a todos sus peligros. Sin embargo, el mayor peligro que enfrentan los chicos es el olvido. A veces se trata de un olvido real, pero las más de las veces es un olvido impuesto porque quedan atrapados en un sistema burocrático donde todos parecen tener decisiones sobre lo que más le conviene al niño, menos él mismo. Y ese olvido deja marcas insalvables en su psiquismo. Por eso mucha gente cree que los niños en los hogares se pervierten. Lo que en realidad sucede es que deben aprender a sobrevivir con unas reglas que las más de las veces les juegan en contra, no los protegen. Cantidad de opiniones de jueces, de abogados, de defensores, de psicológos, de profesores, de pedagogos, de psiquiatras… nunca llegarán a suplir el amor y el deseo de una familia, aunque ésta pudiera equivocarse.

Eso estamos pidiendo para los niños burocratizados, olvidados o presuntamente bien cuidados en ‘hogares sustitutos’: familias. Familias que los deseen y los cuiden. Porque todos los cuidados de los profesionales no pueden suplantar la vida familiar.

Nuestro pedido de Justicia para los chicos, como lo hace también la acción de la Defensora, es parte de una larga lucha para que los derechos de los niños sobre un papel, se vuelvan derechos en la vida real. Y para eso todos debemos comprometernos.

Existe una Ley internacional que en nuestro país hace ya algunos años se decidió incorporarla como parte de la Constitución de la Nación. Se llama Convención de los Derechos del Niño. Esa incorporación ha querido establecer un hecho simbólico muy importante, que ahora y desde entonces debemos transformar en un hecho real. Se trata nada más ni nada menos que de dos cosas fundamentales: escuchar a los niños cuando plantean sus necesidades y reconocerlos como personas que aunque no estén desarrolladas como un adulto, igual pueden saber y decidir sobre lo que les conviene. Y la otra, referida a los jueces y todos quienes toman decisiones sobre sus vidas: que vean tanto el caso particular como el general. Los técnicos expertos en leyes se refieren a esto cuando dicen rápidamente que desde que se firmó la constitucionalidad de la Convención los niños pasan de ser objetos de tutela, a sujetos de derechos; y que por eso los derechos deben respetarse y hacerse efectivos considerándose las situaciones previstas e imprevistas en las que cada niño esté comprometido.

En nuestra época actual, los derechos reconocidos implican que el niño debe ser respetado como portador de una percepción autónoma de sus necesidades, de sus pensamientos; como sujetos que pueden elegir libremente comunicarse y asociarse con otros sujetos. Pasamos de un siglo en el cual se consolidó la idea de ‘menor’ como una categoría excluyente y separatista; a otro en el que hoy nos embarcarnos históricamente hacia el futuro, en el camino de transformar a los menores excluidos en ‘niños ciudadanos’; con todos los derechos que les permitirán ser personas de bien.

Sabemos que el dilema que enfrentamos como sociedad no es la lucha por la sanción o la vigencia formal de las leyes; sino la posibilidad efectiva y real que sean viables los derechos consagrados en las leyes. Y el primer paso para la gran transformación es cambiar la cultura y las mentalidades de los actores involucrados directamente en los circuitos que administran las vidas de estos chicos. También un cambio en lo que demandamos como sociedad sobre sus vidas de niños.

¿Qué tiene que hacer un niño para ser escuchado y tenido en cuenta por los adultos? ¿Cuál es el hogar y la familia de los niños abandonados? Toda gestión de gobierno que representa parte del Estado en un momento dado, es garante de velar por los niños desvinculados de sus familias cualquiera sea el motivo. Y sin embargo tiene el poder del obstaculizar o habilitar sus sueños y deseos.

El niño es un sujeto de derechos que puede y debe participar en forma activa en las decisiones que le permitan determinar qué es lo que más le conviene en su vida.

Nos sumamos a los esfuerzos de la Defensora y concretamente pedimos a los Jueces de la Corte que hagan lugar a las acciones que incluyan: la re-vinculación familiar de los niños, el armado de redes vecinales y comunitarias que permitan su reinserción social, y la capacitación adecuada de los niños que les brinde las herramientas necesarias para el desarrollo de un proyecto de vida autónomo. Para ello, es preciso que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Salta impulsen con su decisión (en relación al Expediente Nº 34.074, ingresado el 14-Dic-2010) la profundización de políticas públicas que permitan la protección efectiva y la igualdad de los niños, niñas y adolescentes, sin distinción de clases sociales en toda nuestra provincia.

No se trata aquí de atribuir responsabilidades al poder judicial o al ejecutivo; sino es preciso recuperar los fundamentos éticos del Estado: funcionarios judiciales, funcionarios del ejecutivo, legisladores, y ciudadanos en general debemos formarnos en la responsabilidad que implica el derecho a tener derechos.

Conscientes que hace pocos años se inició un proceso de cambio en lo que hoy nos convoca que son las vidas de miles de niños, sabemos que el cambio recién comienza y queda mucho por recorrer; entre todos.

Lo/a convocamos a apoyar el proceso y las acciones que darían lugar a continuar trabajando en la desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Salta, adhiriendo con su firma más abajo (consignando los datos requeridos), la que será enviada a los jueces de la Corte de la Provincia de Salta.

Saludos Cordiales,

Gabriela Vuistaz, Verónica Molina, Haydée Toranzos, Natalia Toro y Fernando Pequeño,
en nombre de la Asociación Dr. Miguel Ragone,
por la Verdad, la Memoria y la Justicia.

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Asociación Miguel RagoneBy:
Justicia, los derechos y políticas públicasIn:
Petition target:
Público en general, funcionarios judiciales, del poder ejecutivo y legisladores.

Petition community:
Asoc. Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia.

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