Manifiesto en defensa de la autonomía universitaria y por la calidad de la educación y la investigación firmar ahora

Universidad y cambio:

Desde hace algunos años, la Universidad española está sometida a un intenso proceso de reforma. La adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior ha impuesto un cambio radical del conjunto de los planes de estudio de las antiguas licenciaturas y diplomaturas a los actuales grados y postgrados.

Esta transformación incide de forma substancial en los métodos e instrumentos de enseñanza. Para ello, el profesorado universitario ha asumido un reto importante para lo que ha sido preciso realizar notables esfuerzos en materia de formación en metodologías docentes, participación en congresos especializados, elaboración de nuevos manuales, guías docentes o materiales para actividades prácticas y de desarrollo, dirección de proyectos de fin de master y tesis doctorales.

En paralelo, se han incrementado las exigencias de productividad en las tareas de investigación. Los nuevos mecanismos de acreditación por agencias evaluadoras han obligado al profesorado universitario a incrementar los niveles de excelencia investigadora. Todo ello se traduce en la participación en congresos, la publicación de artículos en revistas científicas de impacto, la participación en proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional e internacional así como en estancias en centros de investigación extranjeros de prestigio. Este esfuerzo en I+D no es un lujo que pueda ser gratuitamente abandonado en tiempos de crisis. Por el contrario existe un amplio consenso en que el desarrollo económico de un país a medio plazo y la mejora de la sociedad están directamente relacionados con la inversión en investigación.

El profesorado universitario está respondiendo a estos retos de manera satisfactoria, aunque para ello ha debido pagar un alto coste en términos de conciliación de la vida profesional y familiar. A día de hoy, el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior puede considerarse casi finalizado y los resultados de la investigación en el sistema universitario español han mejorado sustancialmente.

Responsabilidad frente a la crisis:

La crisis económica que sufre nuestro país afecta gravemente el equilibrio del presupuesto público. Después de revisar a la baja las retribuciones de los trabajadores del sector público, la reciente aprobación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público pretende limitar aún más los márgenes de maniobra de las universidades. Cuando ya han transcurrido casi dos meses desde su entrada en vigor, se continúa discutiendo sobre la interpretación de dicha norma. Este Real Decreto ha generado un entorno de incertidumbre que coloca a los trabajadores de las universidades públicas españolas en un estado de inseguridad jurídica que provoca indefensión. Incertidumbre e indefensión que se acrecienta aún más tras la publicación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

No se cuestiona la legitimidad de los gobiernos estatales y autonómicos para fijar un techo de gasto en materia de personal, aunque en términos generales cualquier recorte en educación e investigación nos parece un error. Lo discutible en este caso es si el Gobierno Español puede limitar la facultad de las Universidades de determinar su política de personal, más allá de sus competencias en materia presupuestaria. Desde nuestro punto de vista, esta última interpretación conculca de manera grave el principio de autonomía universitaria constitucionalmente reconocido en el artículo 27. Además, este Real Decreto se basa en una representación errónea de la universidad como un gasto en recursos humanos en permanente crecimiento cuando la realidad es que se trata de una inversión de futuro para la sociedad En este sentido, limitar la capacidad autónoma de contratación de las universidades supone estrangular un proceso de consolidación de la calidad universitaria que ha costado tiempo, recursos y un gran esfuerzo personal e institucional.

Cortoplacismo o visión de futuro:

La importancia de mantener un sistema público de enseñanza universitaria de calidad y libre de injerencias políticas es fundamental. No tiremos por la borda los avances realizados durante la última década. Una aplicación estricta de los criterios establecidos en el Decreto Ley pone en peligro los puestos de trabajo de personal docente y administrativo contratado y paraliza las carreras docentes e investigadoras de los más jóvenes. Más alumnos y menos medios materiales y humanos significaría retroceder en el tiempo en calidad docente y excelencia investigadora.

No dejemos que un texto pensado para responder a una necesidad coyuntural genere efectos aún más negativos a medio plazo. Proteger la autonomía universitaria hoy es garantizar la calidad universitaria de 2020.

¡Soluciones ya!

La falta de reacción general refleja el carácter insólito del Real Decreto. Resulta sorprendente que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas no se haya pronunciado todavía. Exigir aclaraciones al Ministerio de Educación sin apartarnos del cumplimiento de las normas presupuestarias es el primer paso que ya se debería de haber dado. En sentido similar, exigimos un pronunciamiento claro de los órganos competentes del Gobierno Autonómico Andaluz para proteger sus competencias en materia universitaria. Por último, resulta igualmente sorprendente que los Rectores de las Universidades Andaluzas no hayan consensuado y hecho pública una posición común frente a un ataque tan intenso contra el principio de autonomía universitaria.

Ante esta situación, el profesorado universitario exhorta a las distintas instancias académicas y políticas a que de manera inmediata resuelvan las cuestiones relativas a la interpretación del Real Decreto y garanticen el principio de autonomía universitaria. En tanto esta solicitud no sea debidamente atendida, realizamos un llamamiento a los profesores universitarios de la comunidad andaluza con el objetivo de poner en marcha cuantas iniciativas de presión o movilización puedan considerarse necesarias para garantizar el respeto a dicho principio. Exhortamos asimismo a las centrales sindicales a que apoyen públicamente estas reivindicaciones y utilicen los medios a su disposición (tanto de negociación como de movilización) para que esta problemática tenga la máxima difusión. Exigimos a los partidos políticos que se pronuncien ante este ataque a un derecho garantizado constitucionalmente.



Plataforma de Profesores de la Universidad Pablo de Olavide.

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02 marzo 2012, hace 2 años Añadida El:
Günter KoletschkaPor:
Cultura y SociedadIn:
Destinatario de la campaña:
Personal universidades españolas

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