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Manifiesto en defensa de la autonomía universitaria y por la calidad de la educación y la investigación

Universidad y cambio:

Desde hace algunos años, la Universidad española está sometida a un intenso proceso de reforma. La
adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior ha impuesto un
cambio radical del conjunto de los planes de estudio de las antiguas licenciaturas y diplomaturas a
los actuales grados y postgrados.

Esta transformación incide de forma substancial en los métodos e instrumentos de enseñanza. Para
ello, el profesorado universitario ha asumido un reto importante para lo que ha sido preciso
realizar notables esfuerzos en materia de formación en metodologías docentes, participación en
congresos especializados, elaboración de nuevos manuales, guías docentes o materiales para
actividades prácticas y de desarrollo, dirección de proyectos de fin de master y tesis doctorales.

En paralelo, se han incrementado las exigencias de productividad en las tareas de investigación. Los
nuevos mecanismos de acreditación por agencias evaluadoras han obligado al profesorado universitario
a incrementar los niveles de excelencia investigadora. Todo ello se traduce en la participación en
congresos, la publicación de artículos en revistas científicas de impacto, la participación en
proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional e internacional así como en estancias en
centros de investigación extranjeros de prestigio. Este esfuerzo en I+D no es un lujo que pueda ser
gratuitamente abandonado en tiempos de crisis. Por el contrario existe un amplio consenso en que el
desarrollo económico de un país a medio plazo y la mejora de la sociedad están directamente
relacionados con la inversión en investigación.

El profesorado universitario está respondiendo a estos retos de manera satisfactoria, aunque para
ello ha debido pagar un alto coste en términos de conciliación de la vida profesional y familiar. A
día de hoy, el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior puede considerarse
casi finalizado y los resultados de la investigación en el sistema universitario español han
mejorado sustancialmente.

Responsabilidad frente a la crisis:

La crisis económica que sufre nuestro país afecta gravemente el equilibrio del presupuesto público.
Después de revisar a la baja las retribuciones de los trabajadores del sector público, la reciente
aprobación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público pretende limitar aún
más los márgenes de maniobra de las universidades. Cuando ya han transcurrido casi dos meses desde
su entrada en vigor, se continúa discutiendo sobre la interpretación de dicha norma. Este Real
Decreto ha generado un entorno de incertidumbre que coloca a los trabajadores de las universidades
públicas españolas en un estado de inseguridad jurídica que provoca indefensión. Incertidumbre e
indefensión que se acrecienta aún más tras la publicación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

No se cuestiona la legitimidad de los gobiernos estatales y autonómicos para fijar un techo de gasto
en materia de personal, aunque en términos generales cualquier recorte en educación e investigación
nos parece un error. Lo discutible en este caso es si el Gobierno Español puede limitar la facultad
de las Universidades de determinar su política de personal, más allá de sus competencias en materia
presupuestaria. Desde nuestro punto de vista, esta última interpretación conculca de manera grave
el principio de autonomía universitaria constitucionalmente reconocido en el artículo 27. Además,
este Real Decreto se basa en una representación errónea de la universidad como un gasto en recursos
humanos en permanente crecimiento cuando la realidad es que se trata de una inversión de futuro para
la sociedad En este sentido, limitar la capacidad autónoma de contratación de las universidades
supone estrangular un proceso de consolidación de la calidad universitaria que ha costado tiempo,
recursos y un gran esfuerzo personal e institucional.

Cortoplacismo o visión de futuro:

La importancia de mantener un sistema público de enseñanza universitaria de calidad y libre de
injerencias políticas es fundamental. No tiremos por la borda los avances realizados durante la
última década. Una aplicación estricta de los criterios establecidos en el Decreto Ley pone en
peligro los puestos de trabajo de personal docente y administrativo contratado y paraliza las
carreras docentes e investigadoras de los más jóvenes. Más alumnos y menos medios materiales y
humanos significaría retroceder en el tiempo en calidad docente y excelencia investigadora.

No dejemos que un texto pensado para responder a una necesidad coyuntural genere efectos aún más
negativos a medio plazo. Proteger la autonomía universitaria hoy es garantizar la calidad
universitaria de 2020.

¡Soluciones ya!

La falta de reacción general refleja el carácter insólito del Real Decreto. Resulta sorprendente que
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas no se haya pronunciado todavía. Exigir
aclaraciones al Ministerio de Educación sin apartarnos del cumplimiento de las normas
presupuestarias es el primer paso que ya se debería de haber dado. En sentido similar, exigimos un
pronunciamiento claro de los órganos competentes del Gobierno Autonómico Andaluz para proteger sus
competencias en materia universitaria. Por último, resulta igualmente sorprendente que los Rectores
de las Universidades Andaluzas no hayan consensuado y hecho pública una posición común frente a un
ataque tan intenso contra el principio de autonomía universitaria.

Ante esta situación, el profesorado universitario exhorta a las distintas instancias académicas y
políticas a que de manera inmediata resuelvan las cuestiones relativas a la interpretación del Real
Decreto y garanticen el principio de autonomía universitaria. En tanto esta solicitud no sea
debidamente atendida, realizamos un llamamiento a los profesores universitarios de la comunidad
andaluza con el objetivo de poner en marcha cuantas iniciativas de presión o movilización puedan
considerarse necesarias para garantizar el respeto a dicho principio. Exhortamos asimismo a las
centrales sindicales a que apoyen públicamente estas reivindicaciones y utilicen los medios a su
disposición (tanto de negociación como de movilización) para que esta problemática tenga la máxima
difusión. Exigimos a los partidos políticos que se pronuncien ante este ataque a un derecho
garantizado constitucionalmente.



Plataforma de Profesores de la Universidad Pablo de Olavide.