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En contra de la censura a los periódicos venezolanos

Nosotros, los abajo firmantes, ciudadanos, periodistas, comunicadores sociales y docentes de la
Escuela de Comunicación Social y del Postgrado de Comunicación de la Universidad Católica Andrés
Bello, por este medio queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a las decisiones judiciales
tomadas en días pasados contra los diarios “El Nacional” y “Tal Cual”, y que involucran al resto de
los periódicos del país. Estamos convencidos de que estos dictámenes lesionan seriamente el derecho
a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio libre del periodismo, así como el
derecho al trabajo de los comunicadores sociales.


Las medidas, dictadas a través del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
señalan que los medios de comunicación impresos del país deben abstenerse de comunicar
“informaciones, imágenes o publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de
terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y
decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes".


Las medidas implican claramente el silenciamiento de las informaciones relacionadas con los sucesos
que, día a día, enlutan a decenas de familias venezolanas. La decisión jurídica obligaría a los
periódicos a dejar de publicar informaciones, no solo de sucesos, sino por ejemplo, de guerras,
tragedias naturales o accidentes en cuyo relato ocurren víctimas fatales, en lo que representa un
caso evidente de censura previa. Los periodistas no podrán informar acerca de eventos en los que,
lamentablemente, pueda haber personas fallecidas o heridas de gravedad, y mucho menos, mostrar
imágenes al respecto.


Resulta inaceptable que sean utilizados los argumentos sobre “la protección de niños, niñas y
adolescentes” para evitar que los medios de comunicación reflejen una situación que para los
venezolanos es considerada el principal problema de nuestra sociedad: la inseguridad. Los índices de
violencia en nuestro país no disminuirán porque dejen de aparecer en la sección de sucesos de los
periódicos, sino gracias a un esfuerzo sistemático y conjunto de los organismos del Estado y la
Sociedad que permita establecer medidas para acabar con este problema. Un esfuerzo del que, por
cierto, medios de comunicación y periodistas no son ajenos; muy por el contrario, son actores que
pueden contribuir con estos planes.


Como periodistas y profesores, rechazamos que nuestros colegas, así como nuestros estudiantes y los
profesionales que han pasado por nuestras aulas deban enfrentar una situación de censura oficial tan
clara y rotunda, violatoria del derecho que tenemos los venezolanos a la información veraz y
oportuna que resguardan tanto la Constitución Nacional como los Tratados de Derechos Humanos
suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.


Exhortamos a la sociedad en general, y a los organismos judiciales en particular, a tomar las
medidas del caso para que esta decisión tomada por el Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes quede sin efecto y se restituyan los derechos que nos asisten en un país
democrático.

Acianela Montes de Oca - C.I. 5.960.116
Tiziana Polesel C.I. 5.971.305
Jogreg Henríquez Aellos - C.I. 11.034.826
Alejandra Hernández - C.I. 11.671.364
Néstor Luis Garrido - C.I. 7.379.376
Andrés Cañizález CI 9.542.145
Sami Rozenbaum - C.I. 4.810.382
Daniel Domínguez - C.I. 14.891.670
Iria Puyosa- CI -8.602.480
Antonio Fermández Nays C.I. 9.099.711
Lisbeth Lira - CI-3.222.336
Javier Perera Díaz - C.I- 5.537.790
Elizabeth Araujo C.I. 3.808565
Patricia Guzmán Bajares- C.I. 5.310.933